El nombramiento de autoridades por el sistema normativo indígena de San Carlos Yautepec, Oaxaca: la resistencia de lo propio frente la imposición de lo ajeno

Por: Parastoo Anita Mesri Hashemi-Dilmaghani

Entre los derechos colectivos de los pueblos originarios, la piedra angular es el derecho a la libre determinación y autonomía, pilar de las formas de organización político-social que existen en las diversas comunidades de Oaxaca. La libre determinación y autonomía implica, entre otras cosas, el derecho a nombrar a sus autoridades (municipales/civiles/administrativas, religiosas, comunales, de comités, etc.) para conformar sus sistemas de cargos aplicando sus propias normas y procedimientos, en asamblea general comunitaria.

En este contexto, el tema de los sistemas normativos indígenas, término acuñado para diferenciar a las comunidades que se rigen por asamblea de las que usan el sistema de partidos políticos para nombrar a sus autoridades, implica un reconocimiento real de formas propias, comunitarias, de organizar la vida en colectividad. Este reconocimiento se basa en el respeto al derecho a la diferencia, lo que es la base de los derechos colectivos de los pueblos originarios de este país.

Como parte del ataque que parece ser sistemático, es decir, dirigido por el Estado y sus instituciones y otros actores externos coludidos con ellos, en contra de los sistemas normativos indígenas y la comunalidad en Oaxaca, han surgido tres argumentos. Tienen como trasfondo una visión racista de las comunidades y sus formas de organización, en el peor de los casos, o un desconocimiento total, en el mejor; además, han traído como consecuencia el etnocidio y una ola homogeneizadora en el estado que implica un desconocimiento, de hecho, del pluralismo jurídico.

El primer argumento es que los sistemas normativos comunitarios, es decir, los conjuntos de normas y reglamentos que sirven como el sistema legal de las comunidades, discriminan a la mujer. Este argumento desconoce totalmente que todas las personas están sumamente ocupadas en las comunidades, y nadie puede tomarse el lujo de “no participar”, como pasa en el mundo externo. Todos deben de participar—en los cargos, en el campo, en la artesanía o el oficio, en los tequios, en las fiestas y ritos colectivos—pues la comunalidad es absorbente. Es tan absorbente que al hacer un cargo, realmente una carga, se necesita de la ayuda de toda la familia tanto sanguínea como ritual (compadres, comadres, vecinos) para poder sacar el compromiso.

Esta realidad hace que los cargos se cumplan al nombre de la unidad familiar, por lo que no importa si el nombramiento sale a nombre de la esposa o el esposo, de la hija o el hijo. Al cumplir, es a nombre de todos los que pertenecen a su unidad familiar, y al hacerlo bien, queda bien la persona, su unidad familiar y también su familia extensiva. Más importante aún, se consideran “ciudadanos activos”, es decir, cumplen con sus obligaciones y por ende, tienen derechos.

Además, es común para el extraño a la comunidad desconocer todos los tipos de cargos que existen en ella. Suelen pensar que sólo importan los cargos del cabildo porque son los únicos que también existen en el sistema de partidos y son los únicos que conocen los externos.

Aparte de la aparente “discriminación” en contra de las mujeres, el segundo tema de moda para los detractores de la comunalidad y los sistemas jurídicos comunitarios es el de los “derechos” de los ”avecindados” en los municipios conurbados. En este ámbito, con total claridad y firmeza, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha dictado en diversas resoluciones relativas a la comunidad de San Sebastián Tutla que los foráneos avecindados del fraccionamiento El Rosario, aunque sean la mayoría, no tienen tales derechos a menos que sea dentro del sistema normativo y sistema de cargos de la comunidad. Si quieren participar, que empiecen desde topil y demuestren su respeto y disposición de servir a la comunidad.

El tercer tema comúnmente manejado en contra de los sistemas normativos indígenas es la supuesta discriminación por parte de las comunidades conocidas como “cabeceras municipales” contra las conocidas como “agencias” o “agencias de policía”. Lo anterior es, como los dos anteriores, un simple ataque a los principios y valores comunitarios disfrazado con argumentos del derecho oficial, el derecho ajeno, el sistema de partidos.

El principio más importante en un municipio grande como San Carlos Yautepec, ubicado entre las regiones del Istmo y la Sierra Sur y con comunidades Zapotecas, Chontales y Ayuujk (Mixes) es el respeto entre las comunidades. Cada comunidad tiene su territorio (por ende, existen 23 comunidades agrarias con sus respectivos comisariados de bienes comunales), su asamblea como máxima autoridad, su sistema de cargos, sus tequios y sus fiestas y ritos colectivos. Estos son los elementos de la comunalidad. Por ende, la comunalidad se vive en cada comunidad según su idioma, su geografía (hay comunidades bajas y calorosas, como San Carlos Yautepec, y comunidades netamente serranas), su cultura, su cosmovisión y sus prioridades.

Un proceso de “elección” usando una “planilla única”, como acaba de imponer a finales del año pasado el Instituto Estatal electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), sin consultar a la comunidad a través de la asamblea general comunitaria de forma previa, libre e informada, implicó para la comunidad de San Carlos Yautepec, cabecera del municipio y del distrito, un cambio radical a sus normas comunitarias y su forma de regirse. Se asemejó totalmente al sistema de partidos políticos, en contra de los derechos colectivos de la comunidad. Lo anterior, con base en la supuesta participación de las agencias.

Si San Carlos Yautepec se rigiera por el sistema de partidos, casi seguro intentaría hacer cumplir con lo dispuesto en la Ley Orgánica Municipal, que dicta que las cabeceras municipales convocan al nombramiento de los agentes, quienes son sus “autoridades auxiliares”. Sin embargo, en la historia del municipio, San Carlos Yautepec jamás ha hecho eso, pues el respeto entre comunidades como valor y principio exige el respeto mutuo entre todas—respeto hacia sus asambleas, hacia su territorio, sus recursos naturales, sus cargos, y sus autoridades.

Además, San Carlos Yautepec hace una distribución de los recursos que recibe entre todas las comunidades del municipio. Todos los acuerdos sobre esta y otras temáticas de importancia mutua tienen que ser el resultado de diálogo respetuoso entre las asambleas y autoridades de las comunidades, sin la intervención de foráneos, del gobierno, y menos aún, los partidos políticos.
En la actualidad existe un cabildo nombrado por la comunidad en la asamblea general comunitaria. También existe un grupo de personas “reconocidas” por el IEEPCO como autoridad municipal quienes fueron electas por el proceso mencionado en líneas anteriores, organizado SIN consultar a San Carlos Yautepec a través de su asamblea. Estas autoridades despachan desde un lugar desconocido, aparentemente en la ciudad de Oaxaca de Juárez, donde reciben el dinero que pertenece a todas las comunidades del municipio.

El Tribunal Electoral de Oaxaca confirmó la validación de estas autoridades por parte del IEEPCO, igual que la Sala Regional Xalapa del TEPJF. En este momento, el asunto está en manos de la máxima autoridad electoral en el país, la Sala Superior del TEPJF. Se trata del caso conocido como Recurso de Reconsideración (REC) 388/2018 (SUP-REC-388/2018). En este asunto, la comunidad de San Carlos Yautepec pide a la Sala Superior reconsiderar el acuerdo del IEEPCO que aprobó este proceso anti constitucional y anti convencional (es decir, contrario a las convenciones internacionales) de “elección”, y pide que se tome como válido el cabildo nombrado por la asamblea general comunitaria bajo las normas y procedimientos que siempre se han aplicado en la comunidad. El asunto está a cargo de la magistrada bajacaliforniana, Mónica Aralí Soto Fregoso.

El presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Carlos Yautepec y el Alcalde Único Constitucional entregaron, en conjunto, un informe de autoridades a las y los magistrados de la Sala Superior, en el cual detallan información relevante que deben de tomar en cuenta al resolver el asunto, según las directrices de la Guía de actuación para juzgadores en materia de derecho electoral indígena, publicación de la misma Sala Superior. Además, el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (CEPIADET), A.C. presentó un amicus curiae, o escrito de amigo de la corte, de igual manera describiendo información de vital importancia para dictar una resolución respetuosa de los derechos colectivos de la comunidad de San Carlos Yautepec, de su forma de organización y sus normas comunitarias.

Asuntos como el de San Carlos Yautepec son de vital importancia porque nos permiten analizar el comportamiento de las y los magistrados y si toman decisiones basadas en el respeto real a la diversidad cultural y el pluralismo jurídico. También son una mirada al acceso a la justicia que existe en México para las comunidades que defienden sus derechos colectivos a pesar de tanta adversidad, tanto racismo en contra de la comunalidad, y tanto deseo de homogeneizar todos al sistema de partidos políticos.

El actuar del IEEPCO clásicamente ha sido en este sentido homogeneizador. Al existir un proceso de “elección extraordinaria”, porque alguien impugnó el proceso de nombramiento de autoridades en asamblea, se realizan procesos a puertas cerradas totalmente violatorios de la autonomía de las comunidades. Lo anterior no puede seguir, en particular, si se pretende romper de una vez con el colonialismo interno y la discriminación hacia lo propio, hacia lo comunitario.

Los ojos de todas las comunidades oaxaqueñas están fijadas sobre la Sala Superior del TEPJF y las y los magistrados que la integran, y se espera un resultado favorable para la comunidad de San Carlos Yautepec que sirva de precedente para todas las comunidades oaxaqueñas.