Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) hace respetar libre determinación y autonomía de la comunidad de San Carlos Yautepec, Oaxaca

Por: Parastoo Anita Mesri Hashemi-Dilmaghani

Oaxaca es un estado especial dentro de la República Mexicana. De 570 municipios, 417 nombra a sus autoridades municipales, así como las demás autoridades (agrarias, religiosas, comités, etc.) en la asamblea general comunitaria y NO por el sistema de partidos políticos. Este sistema, al que he llamado Derecho Electoral Indígena, se base en las normas propias de las comunidades para nombrar a sus autoridades que harán los cargos (“servicios”) como parte de sus obligaciones frente la comunidad a la que pertenecen como ciudadanos y comuneros.

En otros estados del país, con la excepción de Cherani K’eri, Michoacán, el Derecho Electoral Indígena está marginado a las esferas sub municipales, donde las comunidades están sujetas a cabeceras municipales que se rigen por el sistema partidario. Aunque dicho sistema (ajeno a las comunidades) sea minoritario en Oaxaca, sin embargo, es hegemónico, y hay muchas maneras en que el gobierno estatal, los partidos políticos y caciques locales intentan debilitar los sistemas comunitarios e imponer el sistema de partidos políticos.

En este contexto, en Oaxaca se viven situaciones particulares y diferentes al resto del país. Por ejemplo, hay municipios que corresponden a un territorio grande y compuesto de muchas comunidades, como San Carlos Yautepec, también cabecera distrital ubicada en la Sierra Sur de Oaxaca, donde todas las comunidades (cabecera y las denominadas “agencias municipales” y “agencias de policía municipales”) se rigen por su sistema normativo propio donde la asamblea es la máxima autoridad. Es decir, en cada comunidad, hay un territorio colectivo comunal bien definido, como su propio comisariado de bienes comunales; su asamblea como máxima autoridad; sus sistemas de cargos; sus obligaciones de realizar tequio o trabajos colectivos a favor de la comunidad; y, sus festividades y ritos colectivos. En palabras de Jaime Martínez Luna, viven en comunalidad.

Por ende, y muy diferente a lo que pasa en municipios que se rigen por el sistema de partidos políticos, en municipios como San Carlos Yautepec, lo que se vive y lo que debe seguir es el respeto entre todas las comunidades y sus asambleas como sus máximas autoridades. Un presidente municipal respeta a las autoridades de las otras comunidades del municipio, y dicho respeto es y debe ser recíproco. Cada uno respeta la vida autónoma de la otra. Cualquier acción por parte del gobierno para poner en peligro este balance de respeto mutuo y reciprocidad es parte de un esfuerzo velado para obligar a un cambio al sistema de partidos políticos, donde existe el principio de “universalidad del voto”, todas las personas “participan” para elegir a la autoridad municipal, y dicha autoridad “manda” en el territorio de todo el municipio. Es así que en Oaxaca es importante hacer respetar las formas de nombrar a autoridades de las comunidades, y no imponer criterios del derecho ajeno, es decir, del sistema occidental de partidos políticos.

El día 25 de septiembre del año en curso la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a las autoridades del estado de Oaxaca respetar la forma de nombrar las autoridades municipales de San Carlos Yautepec, Oaxaca y en el asunto identificado como el Recurso de Reconsideración 388 (SUP-REC-388/2018), en que la comunidad fue acompañada por la Dra. Parastoo Anita Mesri Hashemi-Dilmaghani y por el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (CEPIADET), A.C., y que fue acumulado con otro recurso relativo a los mismos hechos.

El asunto estuvo a cargo de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso. Ella, en la sesión pública en la que se resolvió el asunto, explicó que con la resolución que propuso a sus colegas magistradas y magistrados “se privilegia la autonomía que históricamente se han reconocido mutuamente a las comunidades que residen en el municipio de San Carlos Yautepec, Oaxaca, para la designación de sus autoridades comunitarias en términos de sus propios sistemas normativos internos. Y un criterio contrario que sería declarar la invalidez de la elección por la alegada exclusión de las agencias municipales y de policía, se traduciría en una intromisión por parte del Estado en la vida interna de estas comunidades obligándolas a modificar sus sistemas normativos sin un acuerdo que sea emanado de ellos mismos.”

El tribunal electoral local de Oaxaca e incluso, la Sala Regional Xalapa del mismo TEPJF había “invalidado” por la “no participación” de las agencias municipales el proceso de nombramiento de autoridades de la cabecera municipal. Peor aún, habían “validado” un proceso organizado no por la comunidad de San Carlos Yautepec sino por el Estado, a través del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO), en que se impuso un sistema simulando el de partidos políticos, con una “planilla única”, con la supuesta justificación de la participación de las agencias.

La magistrada Soto Fregroso argumentó que “si las comunidades a las que pertenecen las personas de las agencias inconformes han sido autónomas de la comunidad que se asienta en la cabecera municipal no hay… razón válida para considerar que la exclusión de aquellas en las elecciones de la cabecera municipal constituya una vulneración al principio de universalidad del sufragio.”

Más importante aún, la magistrada hizo notar que “para solucionar los conflictos existentes, es necesario que sean las propias comunidades indígenas quienes en uso de su autonomía y autodeterminación generen los acuerdos que les permitan la participación política de las agencias en las cuestiones que les afecten”.

Fue así que la Sala Superior del TEPJF validó el nombramiento de autoridades municipales en San Carlos Yautepec que se realizó conforme al Derecho Electoral Indígena o normas comunitarias de la propia comunidad, en la que sólo participó la ciudadanía de la cabecera municipal. Hubo cinco votos a favor y sólo dos en contra, de los magistrados Felipe Alfredo Fuentes Barrera y José Luis Vargas Valdez. Ambos magistrados se basaron en argumentos, principios y valores propios del Sistema de Partidos Políticos y NO los Sistemas Normativos Indígenas.

Se celebra la resolución de la Sala Superior del TEPJF en el recurso de reconsideración 388 (acumulado con el REC 375) del 2018 y se implora al mismo tribunal seguir impulsando el principio de maximización de autonomía y mínima intervención en las comunidades del país que aún conservan sus ordenamientos jurídicos propios.